Punición a los corruptores

Sâo Paulo - 19/04/2012
Lea el artículo de los presidentes de la Fiesp y de la Firjan en el periódico “O Globo”

En texto conjunto, Paulo Skaf y Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira manifiestan posición a favor del proyecto de ley 6.826: 'punición severa y ejemplar  a la figura del corruptor es un paso esencial'

Lea a continuación la versión integral de "Punición a los corruptores", artículo publicado este jueves (19/04) por el periódico “O Globo” firmado por Paulo Skaf y Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidentes de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) y de la Federación de las Industrias del Estado de Río de Janeiro (Firjan).

Lea el artículo en la página del periódico
"El filósofo italiano Norberto Bobbio se refirió a la política y a la moral como "códigos diferentes pero necesarios". En artículo escrito hace más de 30 años, Bobbio alertaba para la acusación de moralista que solía pesar sobre los que privilegian en sus abordajes principios como "no matar", "no mentir", "respetar a los otros como personas". Es preferible correr el riesgo de ser llamado de moralista si este es el precio que debemos pagar por defender valores morales.

En nombre de la gobernabilidad, ya hubo quien defendiese ocultar un gran número de prácticas condenables. En la confusión entre lo público y lo privado en Brasil, la figura del corruptor es muchas veces encarada con indulgencia. El corrupto es albo de poca tolerancia y execración pública (la punición ni siempre acompaña el linchamiento moral), pero no forma parte de la cultura brasileña el razonamiento obvio de que no hay corruptos sin corruptores. En el ya distante año de 1995, el senador Pedro Simon propuso la creación de la CPI de los Corruptores como resultado de las investigaciones conducidas por las CPI de PC Farias y de los “anões do Orçamento”. No sucedió nada.
Más recientemente, un gran paso fue dado por iniciativa del Ejecutivo. Ocurrió en 2010, con el encaminamiento del proyecto de ley nº 6.826, que responsabiliza personas jurídicas por actos practicados contra la administración pública. Una Comisión Especial se creó para proferir parecer al PL 6.826.

Así como no se admite la generalización de que son víctimas los "buenos" empresarios cuando alguien que se titula emprendedor practica una ilicitud, es inaceptable que un empresario que goza de credibilidad entre sus pares no dude al crear vínculos con agentes públicos para obtener favores en licitaciones públicas. El argumento de que el robo precedió al acto de la corrupción no encuentra más eco en una sociedad que madura y consolida el estímulo la ética y la transparencia al tratar la cosa pública.

Los índices de popularidad de una jefa del Ejecutivo que se destaca por la intolerancia a lo que definió como "malhechos" revelan el ansia de la sociedad civil por el cerco definitivo a los que insisten en atravesar las áreas de frontera entre lo público y lo privado. Es deber de todo ciudadano, en especial de los empresarios brasileños, apoyar un proyecto de ley que establece penalidades rigurosas a actos como soborno o corrupción de agente público y fraude en licitaciones. Es como si la sociedad tuviera ahora la oportunidad de instituir una especie de Ley de la Ficha Limpia del mundo privado.

El empresario en Brasil es sobre todo un sobreviviente delante de un ambiente inhóspito para la actividad productiva, penalizada por la mayor carga tributaria del planeta, infraestructura ineficiente, tasas de intereses elevadas y legislación laboral que desestimula la contratación. Este mismo empresario debe celebrar o PL 6.826, que expulsará por largo tiempo de la actividad económica a los que no reúnen atributos morales para figurar entre sus pares y que, como si no bastase todas los problemas citados, provocan, en su acción nefasta, una competencia desleal al empresario que respeta la Ley y la Constitución de su país. No se trata de moralismo, y sí de levantar la bandera de una sociedad transparente en la política y en la esfera privada.

Brasil, sexta mayor economía del mundo, ocupa apenas la 73ª colocación en el ranking que mide la percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional. Escándalos recientes confirman la necesidad de perseguir las mejores prácticas en la relación entre los sectores público y privado. La punición severa y ejemplar a la figura del corruptor, a partir de un proyecto de ley pensado durante más de dos años de debates, es un paso esencial para mostrar que é posible compatibilizar política y moral en Brasil."

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira e Paulo Skaf / O Globo - 19/04/2012